Durante los días 27 y 28 de noviembre se ha celebrado en Madrid el 32 NEC Forum de los Consejos Nacionales de Bioética. El primer día se celebró una Mesa de Debate sobre DESAFÍOS PARA LA ÉTICA EN LAS DESIGUALDADES EN SALUD, moderada por Leonor RUIZ SICILIA, Presidenta del Comité de Bioética de España.
En esa mesa de debate participaron autoridades intelectuales como Adela CORTINA, profesora Emérita de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, España; y Maria DO CÉU PATRÃO NEVES, Presidenta del Consejo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida (CNECV), Portugal; Miembro del Grupo Europeo de Ética en la Ciencia y las Nuevas Tecnologías (EGE); Experta en ética para la Comisión Europea. También participaron Luisa BORGIA, Presidenta del Comité Nacional de Bioética de la República de San Marino, Miembro del Comité Directivo de Derechos Humanos en el ámbito de la Biomedicina y la Salud (CDBIO), la Universidad Politécnica de Las Marca y José Javier SÁNCHEZ, Director General de Inclusión Social de Cruz Roja España.
Una vez que Cortina finalizó su exposición, que versó sobre la Compasión y la Justicia, tuve la valiosa oportunidad de plantearle dos preguntas: la primera de ellas, acerca de la COMPASIÓN, como valor central en la intervención de los servicios sociales, y publicada en esta entrada de blog: AQUÍ. Respecto a la segunda pregunta, versa sobre el valor de la JUSTICIA en escenarios de escasez en los servicios sociales, tal como se comparte a continuación.
Pregunta número 2: Respecto a la Justicia
Los Servicios Sociales son un ámbito en el que existe el clamor general de la insuficiencia de recursos para atender a la población que presenta situaciones de necesidad. Es preciso abordar de manera efectiva esta problemática, para asegurar que se brinde una atención justa y equitativa a aquellos que más lo necesitan.
Entonces, en este escenario, para que exista Justicia con los recursos que tenemos… ¿Qué necesitamos?
En mis disquisiciones filosóficas, sin ser filósofa -sino trabajadora social- me digo yo que la transparencia escrupulosa en la adjudicación de los recursos públicos es fundamental para garantizar la justicia en el sistema. Cuando los recursos son limitados, es aún más importante asegurar que sean asignados de manera imparcial y eficiente. Esto implica establecer mecanismos transparentes y objetivos para la toma de decisiones sobre la asignación de recursos, de manera que se evite cualquier tipo de favoritismo o discriminación.
Un ejemplo:
Que una persona pueda consultar, con su certificado digital, Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico, o Número de Identidad de Extranjero (NIE) electrónico, qué lugar expreso ocupa en una lista de espera para acceder a un servicio público, como un servicio de ayuda a domicilio (SAD), un servicio de centro de estancias diurnas o un servicio de atención residencial. Este tipo de consultas deberían ser accesibles a todas las personas solicitantes, con todas las garantías de protección de datos y privacidad, para que todas las sensibilidades se sientan cómodas y tranquilas en este aspecto.
Pero, y aquí viene la segunda parte de la pregunta, ¿Qué más necesitamos para trabajar desde el enfoque de la Justicia, en estos escenarios tan intrincados?
Respuesta de Adela Cortina
En su discurso, Adela Cortina expone con firmeza su convicción de que las instituciones que no actúan con justicia deberían ser abolidas. Ella sostiene que la justicia es un principio fundamental que debe guiar todas las acciones y decisiones de las instituciones en una sociedad. Según Cortina, la injusticia socava la confianza en estas entidades y mina la cohesión social.
La autora argumenta que las instituciones tienen el propósito de mantener un orden social equitativo (puesto que todas las personas tenemos dignidad); y también tienen el propósito de proteger los derechos de las personas (siempre con el objetivo puesto en la defensa de los derechos humanos). Si una institución no cumple con esta responsabilidad, no solo pierde su legitimidad, sino que también se convierte en un obstáculo para el progreso y el bienestar de la sociedad.
Adela Cortina señala que los pobres son responsabilidad de las ciudades, tal como expresó el humanista valenciano Juan Luis Vives en su obra El Tratado del socorro de los pobres, publicado en Brujas en 1526. Hacer frente a sus necesidades es responsabilidad de los ayuntamientos de todas las ciudades, y no se puede mirar hacia otro lado, es una cuestión de dignidad.
En su visión, la falta de justicia es una violación fundamental de los derechos humanos y, por lo tanto, no se pueden tolerar las situaciones de corrupción de las que constantemente tenemos noticia, y que hacen desaparecer buena parte de los recursos de una sociedad organizada como la nuestra. Además, señala, también es importante que la inversión del dinero público se realice con un sentido: responder a las necesidades y aspiraciones de bienestar de las comunidades.
Ciertamente, señala Cortina, en ocasiones se destinan recursos a cuestiones que no parecen tener una prioridad real. Esto puede generar un detrimento en la calidad de vida de aquellos que se encuentran en situación de necesidad. Es esencial que los responsables de la toma de decisiones evalúen cuidadosamente las políticas y programas existentes, para garantizar que los recursos se destinen de manera eficiente y eficaz a las áreas que más lo necesitan. De esta forma, se podrá minimizar cualquier perjuicio innecesario para las personas en situación de necesidad, para promover un desarrollo equitativo y justo para todas las personas.
Adela Cortina finaliza su respuesta afirmando con contundencia que mientras haya corrupción no existirá la justicia social, de manera que ahí es donde hay que poner el foco: el control de las instituciones.
A continuación, ora persona de la Mesa de Debate toma la palabra para -según sus palabras- incorporar algún matiz a la maravillosa aportación realizada por la profesora emérita Adela Cortina. En este caso, se trata de María DO CÉU PATRÃO NEVES, Presidenta del Consejo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida (CNECV), Portugal; Miembro del Grupo Europeo de Ética en la Ciencia y las Nuevas Tecnologías (EGE); Experta en ética para la Comisión Europea.
En esta ocasión, María Do Céu expresa que la INEQUIDAD es fruto de la ausencia de respuesta por parte de las Administraciones Públicas a las necesidades de la población.
Probablemente nunca habrá recursos suficientes para satisfacer todas las necesidades de manera equitativa, como señala María Do Céu. En este sentido, es crucial tomar decisiones sobre qué modelo de justicia adoptamos como sociedad. Existen diferentes enfoques, tales como el modelo libertario que se basa en la defensa de la libertad individual y la mínima intervención del Estado en la distribución de recursos. Por otro lado, encontramos el modelo igualitario, que busca garantizar la igualdad de oportunidades y redistribuir los recursos de manera más equitativa en beneficio de todos los miembros de la sociedad.
Cada modelo de justicia tiene implicaciones en la configuración de la comunidad y sus normas. El modelo libertario puede promover una sociedad donde prima la autonomía individual y la responsabilidad personal en la toma de decisiones, mientras que el modelo igualitario puede dar lugar a una sociedad más solidaria y comprometida con la reducción de las desigualdades.
La elección del modelo de justicia está directamente relacionada con las demandas y prioridades de la sociedad. Al optar por un modelo determinado, se establece una exigencia tanto para los individuos como para las instituciones que conforman la sociedad. Esta exigencia implica esfuerzos para garantizar la justicia y equidad, así como impulsar políticas y acciones que reflejen los valores fundamentales en los que se basa el modelo de justicia elegido.
Y concluye María expresando lo siguiente: dado que lo más probable es que nunca haya recursos para todas y para todas, para actuar con un mínimo de justicia vamos a necesitar:
- Optimizar los recursos.
- Establecer criterios de distribución que sean públicos.
- Actuar con transparencia, y desde un enfoque de rendición de cuentas.
Algunas conclusiones finales
Como sociedad, es crucial que aprendamos a optimizar los recursos de los que disponemos, y aquí las personas que dirigen las políticas públicas tienen mucho que decir. En un mundo cada vez más globalizado y con una población en constante crecimiento, la eficiencia en la utilización de nuestros recursos se vuelve cada vez más importante.
En un mundo cada vez más interconectado, a un click de cualquier hogar, es fundamental establecer criterios de distribución transparentes y accesibles para toda la comunidad, digitalmente accesibles. La transparencia en este aspecto puede generar confianza y proporcionar un marco equitativo para la distribución de recursos y oportunidades. Por ejemplo, estableciendo, como he comentado en otras entradas del blog, sistemas transparentes de listas de espera a los recursos públicos: residencias de mayores, servicios de ayuda a domicilio, prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, unidades de estancias diurnas para personas mayores o personas con discapacidad, etc.
Cuando los criterios de distribución son públicos, todos los miembros de la comunidad tienen la posibilidad de conocer las reglas y los principios que guían la asignación de recursos. Esto evita la incertidumbre y la arbitrariedad, creando un ambiente más justo y equitativo.
Además, la transparencia en los criterios de distribución es crucial para fomentar la participación y la colaboración de todos los miembros de la comunidad. Cuando las reglas son claras y comprensibles, se facilita la contribución y se promueve un sentido de pertenencia y compromiso con los objetivos compartidos; incluso también de paciencia, cuando se rebasan todos los tiempos de espera para acceder a recursos, prestaciones y ayudas a los que se tiene derecho, pero que se adjudican a través de listas de espera (a veces interminables).
Por otro lado, la publicación de los criterios de distribución -incluso de los criterios de urgencia que pueden propiciar no respetar el orden de prelación en las lista de espera- (continuando con el ejemplo anterior) brinda la oportunidad de realizar una labor pedagógica de cara a la sociedad, en en sentido de corresponsabilizar en aquellos casos que verdaderamente requieren de una actuación preferente. También permite ajustar las expectativas a las personas que se encuentran en situación de espera de resolución.
En resumen, establecer criterios de distribución públicos para toda la comunidad es esencial para promover la transparencia, la equidad y la participación. Al hacerlo, se construye un entorno colaborativo y justo que beneficia a todos los miembros de la comunidad.
Actuar siempre con transparencia, y desde un principio de rendición de cuentas en el proceso de asignación de recursos implica que las autoridades deben justificar y dar a conocer de manera clara y accesible cómo y por qué se destinan los recursos a determinadas áreas y/o situaciones.
Al conocer de manera clara y accesible los motivos detrás de cada asignación, los ciudadanos pueden sentirse partícipes y confiar en que se está utilizando el dinero público de manera responsable y en beneficio de todas las personas.
Además, la transparencia en la asignación de recursos permite evitar posibles casos de corrupción y malversación de fondos. Al hacer que todo el proceso sea abierto y accesible, se crean mecanismos de control y supervisión que dificultan la ocurrencia de prácticas indebidas.
En resumen, actuar con transparencia y rendir cuentas en el proceso de asignación de recursos es un principio fundamental que promueve la confianza ciudadana y la correcta utilización de los recursos públicos. Es responsabilidad de las autoridades brindar la información necesaria para que la sociedad pueda entender y evaluar dichas asignaciones de manera clara y accesible.
Inmaculada Asensio Fernández, directora de la Estrategia de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía.
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