Infografía resumen sobre las Medidas de Emergencia Social para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus en Andalucía

Con el objetivo de facilitar la asimilación de los contenidos del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19), comparto una infografía con las ideas principales para su aplicación por parte de los equipos de trabajo social.

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Además os recuerdo:
EMAILS A LOS QUE REMITIR EL INFORME SOCIAL Y LA DOCUMENTACIÓN
Inmaculada Asensio Fernández.

 

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Medidas de emergencia social para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19)

En el Capítulo V del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19) se crea y regula una comisión para la coordinación de las actuaciones de emergencia social derivadas de la adopción de las medidas preventivas por parte de la Junta de Andalucía frente al COVID-19 en el ámbito de los servicios sociales. Así mismo, en el seno de cada una de las Delegaciones Territoriales de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, se crea y regula la Comisión de Emergencia Social, de ámbito provincial.

CAPÍTULO V Medidas de emergencia social

Sección primera. Medidas de actuación coordinadas para la atención de las emergencias sociales

Artículo 14. Creación.

  1. Se crea en el seno de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la Comisión para la coordinación de las actuaciones de emergencia social derivadas de la adopción de las medidas preventivas por parte de la Junta de Andalucía frente al COVID-19 en el ámbito de los servicios sociales.
  2. Se crea en el seno de cada una de las Delegaciones Territoriales de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, la Comisión de Emergencia Social, de ámbito provincial.

Artículo 15. Situaciones de emergencia social.

Se consideran situaciones de emergencia social derivadas de la adopción de las medidas preventivas, por parte de la Administración de la Junta de Andalucía frente al COVID-19, aquellas en las que se produzcan alguna de las siguientes circunstancias:

a) En el caso que la suspensión del recurso de atención a la dependencia, por parte de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales, le provoque a la persona beneficiaria caer en una situación de desamparo.

A estos efectos, se considera como situación de desamparo aquella que impida a la persona beneficiaria la salvaguardia de su integridad física en los términos que eran atendidos por el recurso de dependencia suspendido.

b) Modificaciones constatables del entorno en el que viva la persona beneficiaria de prestación por dependencia, por causas directamente provocadas en Andalucía por la epidemia del COVID-19, siempre que tales modificaciones del entorno provoquen una situación de desamparo en los términos del apartado anterior.

c) La suspensión del recurso de atención a la dependencia por parte de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales le provoque a un empleado público de la Junta de Andalucía adscrito a los servicios declarados *esenciales con prestación presencial de sus funciones, una imposibilidad manifiesta de conciliación entre sus obligaciones principales de garantizar la prestación del servicio público y el correcto cuidado de un ascendiente o descendiente de primer grado en situación de dependencia.

Artículo 17. Recursos.

Los recursos que pueden ser destinados para atender a las personas declaradas en situación de emergencia social y por tanto objeto de especial protección, son los siguientes:

a) Centros Residenciales públicos y privados para personas mayores y personas con discapacidad con la preceptiva autorización administrativa de funcionamiento.

b) Centros de Servicios Sociales de gestión directa de la Junta de Andalucía.

c) Entidades de voluntariado que por su especialización y capacitación puedan dar un servicio suficiente en los términos establecidos en la Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del Voluntariado.

Artículo 18. Competencias.

  1. Corresponde a los Servicios Sociales Comunitarios detectar las situaciones de emergencia social derivadas de la adopción de las medidas preventivas por parte de la Junta de Andalucía, frente al COVID-19. Así como efectuar su primera valoración y tramitar, en su caso, la declaración de persona en situación emergencia social de conformidad con las situaciones descritas en el artículo 15.
  2. Corresponde a los Trabajadores Sociales Sanitarios de los Centros Hospitalarios dependientes de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía detectar las situaciones de emergencia social de las personas atendidas dentro de su centro, derivadas de la adopción de las medidas preventivas, por parte de la Junta de Andalucía, frente al COVID-19. Asimismo, les corresponde efectuar su primera valoración y tramitar, en su caso, la declaración de persona en situación de emergencia social de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.
  3. Corresponde a las Delegaciones Territoriales de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales: a) La propuesta de resolución de declaración de situación de emergencia social. b) Dictar la resolución de declaración de situación de emergencia social, si el recurso asignado no implica un compromiso económico por parte de la Administración autonómica u otra Administración pública competente, a propuesta de la Comisión de Emergencia Social.
  4. Corresponde a la Comisión para la coordinación de las actuaciones de emergencia social derivadas de la adopción de las medidas preventivas por parte de la Junta de Andalucía frente al COVID-19 en el ámbito de los servicios sociales dictar la resolución, sobre la existencia o no de una situación de emergencia social, así como determinar el recurso y acceso al mismo en caso de que ello implique un compromiso económico por parte de la administración autonómica u otra administración pública competente.

Sección segunda. Procedimiento para determinar el acceso a situación de emergencia social.

Artículo 19. Procedimiento.

  1. Los Servicios Sociales Comunitarios o los Trabajadores Sociales Sanitarios de los Centros Hospitalarios dependientes del Sistema Andaluz de Salud, según corresponda, iniciarán de oficio el procedimiento para la declaración de situación de exclusión social y remitirán el expediente a la Comisión de Emergencia Social de la Delegación Territorial con competencia en materia de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía a través de correo electrónico a la dirección:

– Provincia de Almería: emergenciasocial.al.cipsc@juntadeandalucia.es

– Provincia de Cádiz: emergenciasocial.ca.cipsc@juntadeandalucia.es

– Provincia de Córdoba: emergenciasocial.co.cipsc@juntadeandalucia.es

– Provincia de Granada: emergenciasocial.gr.cipsc@juntadeandalucia.es

– Provincia de Huelva: emergenciasocial.hu.cipsc@juntadeandalucia.es

– Provincia de Jaén: emergenciasocial.ja.cipsc@juntadeandalucia.es

– Provincia de Málaga: emergenciasocial.ma.cipsc@juntadeandalucia.es

– Provincia de Sevilla: emergenciasocial.se.cipsc@juntadeandalucia.es

Conforme a los modelos y procedimientos establecidos en el presente Decreto-ley. Cuando dichas situaciones sean detectadas por otros organismos e instituciones distintos a los reflejados en este punto, se derivarán a los Servicios Sociales Comunitarios.

¡Ojo a los anexos I, II y III de este Decreto Ley!

Cuando la persona a la que se refiera la declaración de situación de emergencia social se encuentre de hecho en un municipio distinto al de su empadronamiento, la competencia para actuar corresponderá a los Servicios Sociales competentes del lugar de su detección en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Los Servicios Sociales Comunitarios o los Trabajadores Sociales Sanitarios de los Centros Hospitalarios dependientes del Sistema Andaluz de Salud, procederán a remitir a la Comisión de Emergencia Social de la Delegación Territorial competente en materia de Servicios Sociales el expediente administrativo, aportando además la siguiente documentación:

  • Copia del DNI-NIE de la persona.
  • Acreditación de las situaciones descritas en el artículo 15.
  • Informe social, elaborado por los Servicios Sociales Comunitarios o los Trabajadores Sociales Sanitarios de los Centros Hospitalarios dependientes del Sistema Andaluz de Salud.
  • En caso de propuesta por los Servicios Sociales, certificación que acredite que han agotado todas las vías de intervención con recursos municipales, conforme Anexo I.
  • En caso de tener el recurso propuesto un carácter residencial, se deberá incorporar autorización expresa del interesado o de su representante legal, según Anexo II.
  • En su caso, copia DNI/NIE/CIF del representante legal y documentación acreditativa de representación.

La Comisión de Emergencia Social de la Delegación Territorial examinará dicho expediente siguiendo los criterios establecidos en este Decreto-ley, tras lo cual:

a) Elevará, si procede, la propuesta de resolución a la Comisión para la coordinación de las actuaciones de emergencia social derivadas de la adopción de las medidas preventivas por parte de la Junta de Andalucía frente al COVID-19 en el ámbito de los servicios sociales adjuntando el expediente completo.

b) Si el recurso asignado no implica un compromiso económico por parte de la administración autonómica u otra administración, el titular de la Delegación Territorial a propuesta de la Comisión procederá en su caso a dictar resolución de declaración de situación de emergencia social.

Artículo 20. Propuesta de resolución.

  1. Las propuestas de resolución de recurso asistencial por vía de emergencia social emitidas por las Delegaciones Territoriales serán estudiadas, conjuntamente con su expediente, por la Comisión para la coordinación de actuaciones de emergencia social dependiente de la Viceconsejería de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales, que emitirá informe al efecto a la persona titular de dicho órgano.
  2. La Comisión para la coordinación de las actuaciones de emergencia social derivadas de la adopción de las medidas preventivas por parte de la Junta de Andalucía frente al COVID-19 en el ámbito de los servicios sociales, podrá requerir en los casos que se estime conveniente la aportación de documentación complementaria a la especificada en artículo 19.2.

Artículo 21. Resolución.

  1. La persona titular de la Viceconsejería de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales, dictará la correspondiente resolución, que determinará:
  2. a) La autorización de asignación del recurso por la vía de emergencia social.
  3. b) La modificación del recurso, en caso que la persona en situación de emergencia social ya tuviera un recurso asignado.
  4. La persona titular de la Delegación Territorial competente en materia de Servicios Sociales dictará la correspondiente resolución, que determinará:
  5. a) La existencia o no de una situación de emergencia social según los criterios contemplados en este Decreto-Ley.
  6. b) La autorización de asignación del recurso por la vía de emergencia social, regulados en el artículo 17.c) del presente Decreto-Ley.
  7. Dichas resoluciones serán enviadas al organismo que hubiera iniciado la tramitación del expediente, así como a la entidad prestadora del recurso asignado.

Artículo 22. Plazos.

  1. La Delegación Territorial una vez notificado el expediente en un plazo de 24 horas dictará resolución motivada, declarando o no, según proceda, la existencia de una situación de emergencia social, o remitirá en el mismo plazo la propuesta de resolución ante la Viceconsejería de la Consejería competente en servicios sociales.
  2. 2. La Delegación Territorial, en el caso de que la situación de emergencia social pueda atenderse con los recursos previstos en el artículo 17.c), dictará resolución conjunta con la entidad de voluntariado de declaración de situación de emergencia social.
  3. En el supuesto de que la situación de emergencia social requiera el ingreso en Centros Residenciales públicos y privados para personas mayores y personas con discapacidad con la preceptiva autorización administrativa de funcionamiento o Centros de Servicios Sociales de gestión directa, corresponderá dictar resolución motivada a la Viceconsejería, que, una vez recibido el expediente, en un plazo de 24 horas dictará resolución motivada, asignando o no, según proceda, la asignación del recurso asistencial que corresponda de los previstos en el artículo 17.a) y b), a propuesta de la Comisión para la coordinación de las actuaciones de emergencia social.

Artículo 23. Prioridad en la adjudicación de recursos

En el supuesto de que varias personas tuvieran reconocida la situación de emergencia social mediante la correspondiente resolución y no hubiera dotación suficiente de recursos regulados en el artículo 17, el orden de prioridad se determinará según la puntuación obtenida mediante la aplicación del baremo que figura en el Anexo III.

Artículo 24. Incorporación al recurso.

  1. Las personas a cuyo favor se hubiera dictado resolución de recurso de asignación asistencial de los previstos en el artículo 17 se deberán incorporar al recurso que les ha sido asignado en el ámbito de la Comunidad Autónoma en un plazo máximo de 24 horas desde su notificación.
  2. Concluido el plazo reflejado en el apartado anterior sin haberse producido la incorporación se entenderá decaída la asignación del recurso. Dicha circunstancia será comunicada por la Delegación Territorial a la Comisión para la coordinación de las actuaciones de emergencia social.

Sección tercera. Comisión para la coordinación de las actuaciones de emergencia social y Comisión de emergencia social de ámbito provincial.

Artículo 25. Constitución y composición.

  1. La Comisión para la coordinación de las actuaciones de emergencia social se constituirá en el seno de la Viceconsejería de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales, y estará integrada por las personas titulares de la Coordinación General de Viceconsejería, una jefatura de servicio nombrada por la persona titular de la Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no Contributivas, una jefatura de servicio nombrada por la persona titular de la Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión, una jefatura de servicio nombrada por la persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales y la Dirección del Área de dependencia, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
  2. En cada una de las Delegaciones Territoriales de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, la Comisión de Emergencia Social, de ámbito provincial, estará integrada por la persona titular de la Delegación territorial, el Secretario General y al menos, una jefatura de servicio. Todos ellos del ámbito de servicios sociales.

Artículo 26. Funcionamiento de las Comisiones.

Las Comisiones se reunirán de forma ordinaria con carácter diario en horario laboral, así como de forma extraordinaria cuando las circunstancias lo requieran, quedando constancia en el acta del resultado de dichas reuniones. Las reuniones de la citada comisión se realizarán preferentemente de forma no presencial y por medios telemáticos en los términos establecidos en el artículo 91.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Artículo 27. Funciones.

  1. A las Comisiones de Emergencia Social de ámbito provincial les corresponde estudiar y analizar la pertinencia de la declaración de persona en situación de emergencia social de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, y, en su caso, elevar propuesta de resolución de declaración de situación de emergencia social.
  2. La Comisión para la coordinación de las actuaciones de emergencia social tendrá entre otras las siguientes funciones:
  3. a) Analizar y valorar las propuestas remitidas por las distintas Delegaciones Territoriales.
  4. b) Requerir la acreditación de la situación existente, mediante la documentación pertinente o los informes complementarios que se estimen oportunos.
  5. c) Elevar informe y propuesta de resolución sobre cada expediente por situación de emergencia social a la persona titular de la Viceconsejería para su resolución.

Sección cuarta. Sistema de financiación

Artículo 28. Sistema de financiación.

  1. La financiación de los recursos en los que se atienda a las personas en situación de emergencia social se realizará con cargo a los presupuestos de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales.

MEDIDAS DE EMERGENCIA SOCIAL (1)

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Se necesita un poco de tiempo para superar una ruptura inesperada de pareja

Las rupturas de pareja están incluidas en la Escala de Acontecimientos Vitales Estresantes de Holmes y Rahe, 1976. De hecho, constituyen un proceso que puede resultar muy doloroso, e incluso incapacitante para la persona que lo padece, pero en circunstancias normales sólo durante un tiempo. La buena noticia es que una vez superada la fase critica inicial -de no aceptación y rechazo- este proceso puede conducirnos a una nueva versión de nosotras mismas (personas) más fuertes y con más auto-apoyo en la vida. 

LA VIDA NI COMIENZA NI TERMINA CON LA QUE HA SIDO TU PAREJA DURANTE TODO ESTE TIEMPO. LA VIDA COMIENZA Y TERMINA EN TI.

Sobre el desamor y las separaciones se ha escrito mucho, además de que hay un sinfín de vídeos de crecimiento personal sobre este tema en internet. Esto muestra dos cosas claras: se consume mucho este tipo de material, y suceden muchas rupturas, de manera que nada de lo humano nos es ajeno, como decía el filósofo.

El desamor es un tema, por tanto, que nunca pasa de moda y que cada día afecta a un buen número de personas. Es cierto que no todo el mundo lo vive de la misma manera, pues todas las personas no tenemos el mismo temperamento, las mismas experiencias, ni los mismos recursos personales y social, pero:

doler, duele, eso es seguro.

Por este motivo, las consultas de psicología se llenan y se vacían todos los días: entran quiénes recién se separan y requieren de ayuda para afrontarlo…, y salen quiénes ya han sido capaces de elaborar el duelo y soltar la rabia y la tristeza, para retomar su proyecto de vida. 

Una ruptura sentimental quiebra muchas de nuestras expectativas, es cierto, pero un mensaje  importante y sobre el que hay que tejer con empeño cada suspiro y cada lágrima derramada, es:

  • Ten por seguro, que lo vas a superar.
  • Ten por seguro, que no estás sola o solo. 
  • Ten por seguro, que la vida te regalará cosas muy bellas, si te preparas para continuar con el viaje. 
  • Ten por seguro, que de pena no se muere nadie. 

Me apetece mucho compartir un cuento que a mi me ha sido útil en algunas situaciones de dificultad. Todas las emociones viven en cada ser humano, y todas -cuando están revueltas- nos hacen sentir desasosiego y malestar. Has de saber que sus efectos en ti son transitorios  y que forman parte de la misma vida… jugando sus cartas.

Una vez superada una crisis, ni te imaginas la cantidad de recursos personales y la sabiduría que adquieres. No dudes ni un segundo de ti y de tu capacidad para salir fortalecida de todo este proceso.

Si hay tantas personas que cuentan abiertamente lo mal que lo han pasado y cómo lo han superado, y no sólo en internet, sino tus amistades, gente en los bares, compañeros y compañeras del trabajo…, ¿por qué tu caso va a ser una excepción?

Hay un cuento que aparece en el libro “Todo (no) terminó”, de Silvia Salinas y Jorge Bucay que creo te gustará leer para entender cómo funcionan las emociones en un momento complicado como es una ruptura de pareja. A continuación lo comparto.

LA ISLA DE LAS EMOCIONES

Erase una vez una isla donde habitaban todos los sentimientos: la Alegría, la Tristeza y muchos más, incluyendo el Amor. Todos los sentimientos estaban allí. A pesar de los roces naturales de la convivencia, la vida era sumamente tranquila, hasta previsible. A veces, la Rutina hacía que el Aburrimiento se quedara dormido, o el Impulso armaba algún escándalo; otras veces, la Constancia y la Convivencia lograban aquietar al Descontento.
Un día, inesperadamente para todos los habitantes de la isla, el Conocimiento convocó una reunión. Cuando por fin la Distracción se dio por enterada y la Pereza llegó al lugar de encuentro, todos estuvieron presentes. Entonces, el Conocimiento dijo:
– “Tengo una mala noticia para darles: la isla se hunde”.
Todas las emociones que vivían en la isla dijeron:
– “¡No! … ¿como puede ser? …¡Si nosotros vivimos aquí desde siempre!!!!”
Pero el Conocimiento repitió:
– “La isla se hunde”.
– ¡Pero no puede ser!!! Quizás estás equivocado!!!”
– “El Conocimiento nunca se equivoca -dijo la Conciencia, dándose cuenta de la verdad-. Si él dice que se hunde, debe ser porque se hunde”.
– “Pero… ¿Qué vamos a hacer ahora????” -preguntaron los demás-.
Entonces el Conocimiento contestó:
– “Por supuesto, cada uno puede hacer lo que quiera, pero yo les sugiero que busquen la manera de abandonar la isla…. Construyan un barco, un bote, una balsa o algo que les permita irse, porque el que permanezca en la isla desaparecerá con ella”.
-“¿No podrías ayudarnos?”, preguntaron todos, porque confiaban en su capacidad.
– “¡No ! -dijo el Conocimiento-, la Previsión y yo hemos construido un avión y en cuanto termine de decirles esto, volaremos hacia la isla más cercana…”.
Las emociones dijeron:
– “¡No! ¡Pero no! ¿Qué será de nosotros???”
Dicho esto, el Conocimiento se subió al avión con su socia Previsión y, llevando de polizón al Miedo, que no es tonto y ya se había escondido en el motor, dejaron la isla.
Todas las emociones, en efecto, se dedicaron a construir un bote, un barco, un velero…Todas… Salvo el Amor.
Porque el amor estaba tan relacionado con cada cosa de la isla que dijo:
– “Dejar esta isla… después de todo lo que viví aquí… ¿Cómo podría yo dejar este arbolito, por ejemplo? Ayyyy…. Compartimos tantas cosas…”.
Y mientras las emociones se dedicaban a fabricar el medio para irse, el Amor se subía a cada árbol, olía cada rosa, se fue hasta la playa y se revolcó en la arena como solía hacer en otros tiempos. Tocó cada piedra…y acarició cada rama…
Al llegar a la playa, exactamente al lugar desde donde el sol salía, su lugar favorito, quiso pensar con esa ingenuidad que tiene el amor:
-“Quizás la isla se hunda un ratito… y después resurja…. porqué no???”
Y se quedó días y días midiendo la altura de la marca, para revisar si el proceso de hundimiento no era reversible… Pero la isla se hundía cada vez más…
Sin embargo, el Amor no podía pensar en construir nada, porque estaba tan dolorido que sólo era capaz de llorar y gemir por lo que perdería.

Se le ocurrió entonces que la isla era muy grande y que, aún cuando se hundiera un poco, él siempre podría refugiarse en la zona más alta…. Cualquier cosa era mejor que tener que irse. Una pequeña renuncia nunca había sido un problema para él…
Así que una vez más, tocó las piedrecitas de la orilla … y se arrastró por la arena… y  se mojó los pies en la pequeña playa… que en otros tiempos era enorme…
Luego, sin darse cuenta demasiado de su renuncia, caminó hacia la parte norte de la isla, que si bien no era la que más le agradaba, era la más elevada…
Y la isla se hundía cada día un poco más…. Y el Amor se refugiaba cada día en un lugar más pequeño…
– “Después de tantas cosas que pasamos juntos!!!!- le reprochó a la isla.
Hasta que, finalmente, solo quedó una minúscula porción de suelo firme; el resto había sido tapado completamente por el agua.
Recién en ese momento, el amor se dio cuenta de que la isla se estaba hundiendo de verdad. Comprendió que, si no dejaba la isla, el amor desaparecería para siempre de la faz de la tierra…

Entonces, caminando entre senderos anegados y saltando enormes charcos de agua, el amor se dirigió a la bahía. Ya no había posibilidades de construirse una salida como la de todos; había perdido demasiado tiempo en negar lo que perdía y en llorar lo que desaparecía poco a poco ante sus ojos…
Desde allí podría ver pasar a sus compañeras en las embarcaciones. Tenía la esperanza de explicar su situación y de que alguna de ellas lo comprendiera y lo llevara.
Buscando con los ojos en el mar, vio venir el barco de la Riqueza y le hizo señas. Se acercó la Riqueza que pasaba en un lujoso yate, y el Amor dijo:
– “Riqueza llévame contigo! … Yo sufrí tanto la desaparición de la isla que no tuve tiempo de construirme un barco”.
La Riqueza contestó:
– “No puedo, hay mucho oro y plata en mi barco, no tengo espacio para ti, lo siento” y siguió su camino, sin mirar atrás…
Le pidió ayuda a la Vanidad, a la que vio venir en un barco hermoso, lleno de adornos, caireles, mármoles y florecitas de todos los colores, que también venia pasando:
– “Vanidad” por favor ayúdame”…., y la Vanidad le respondió:
– “Imposible Amor, es que tienes un aspecto!!!!…¡ Estás tan desagradable!!! tan sucio, y tan desaliñado!!!!… perdón pero afearías mi barco…”- y se fue.
Pasó la Soberbia, que al pedido de ayuda contestó:
– “Quítate de mi camino o te paso por encima!”.
Como pudo, el Amor se acerco al yate del Orgullo y, una vez mas, solicitó ayuda.
La respuesta fue una mirada despectiva y una ola casi lo asfixia.
Entonces, el Amor pidió ayuda a la Tristeza:
– “¿Me dejas ir contigo?”.
La Tristeza le dijo:
– “Ay Amor, tu sabes que estoy taaaan triste que cuando estoy así prefiero estar sola”
Pasó la Alegría y estaba tan contenta que ni siquiera oyó al Amor llamarla.

Desesperado, el Amor comenzó a suspirar, con lágrimas en sus ojos. Se sentó en el pedacito de isla que quedaba, a esperar el final… De pronto, el Amor sintió que alguien chistaba:
– ” Chst- Chst- Chst…”
Era un desconocido viejito que le hacía señas desde un bote a remos. El Amor se sorprendió:
– “¿Es a mi?”- preguntó, llevándose una mano al pecho.
– “Sí, sí -dijo el viejito-, es a ti. Ven, sube a mi bote, rema conmigo que yo te salvo”.
El Amor lo miró y le quiso explicar…
– lo que pasó, es que yo me quedé…
– “Ya entiendo” -dijo el viejito sin dejarlo terminar la frase- “¡Sube!”.
El amor subió al bote y juntos empezaron a remar para alejarse de la isla. No pasó mucho tiempo antes de poder ver cómo el último centímetro de la isla se hundía y desaparecía para siempre…
– “Nunca volverá a existir una isla como esta – murmuró el amor, quizás esperando que el viejito lo contradijera y le diera alguna esperanza.
– “No -dijo el viejo- como ésta, nunca; en todo caso, diferentes …!

Cuando llegaron a la isla vecina, el Amor se sentía tan aliviado que olvidó preguntarle su nombre. Cuando se dio cuenta y quiso agradecerle, el viejito había desaparecido. Entonces el Amor, muy intrigado, fue en busca de la Sabiduría para preguntarle:
– “¿Cómo puede ser? Yo no lo conozco y él me salvó… Todos los demás no comprendían que hubiera quedado sin embarcación, pero él me salvó, me ayudó y yo ahora no sé ni siquiera quién es…”
Entonces la Sabiduría lo miró largamente a los ojos, y le dijo:

-“Es el único capaz de conseguir que el amor sobreviva cuando el dolor de una pérdida le hace creer que es imposible seguir. Es el único capaz de darle una nueva oportunidad al amor cuando parece extinguirse. El que te salvó, Amor, es El Tiempo….”.

Por Inmaculada Asensio Fernández.

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Los “Feminarcis”

Conocí a Miguel Lorente en una de sus conferencias… me pareció una persona con un gran conocimiento, sin pretensiones ni vanidades superfluas, y verdaderamente experto en su materia de estudio: la violencia de género.

Me apetece compartir estas palabras suyas.

Inmaculada Asensio.

AUTOPSIA

Los “FEMINARCIS” (Machistas de playa -II-)

El machismo es narcisismo. Los hombres machistas se tienen en tan alta estima que continuamente están compitiendo contra otros hombres y contra sí mismos para ser más hombres, llegando incluso al homicidio para quedarse con el premio de su poder y la exclusividad de sus objetos de deseo, entre ellos las mujeres.

Desde los primeros estudios que se llevaron a cabo sobre maltratadores, el narcisismo apareció como uno de los rasgos de personalidad más frecuentes, rasgo que refleja esa percepción de superioridad idealizada que tienen, y que aumenta cuando la ponen en relación con las mujeres, a las que desprecian como el joven Narciso de la mitología hacía. Por eso el narcisismo del machismo está construido en contraste sobre las mujeres, de manera que es un “feminarcisismo” o “ferminarcismo”, y ellos son unos “feminarcis” que atacan y desprecian a las mujeres para ganar…

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Apuntes sobre Tutela: lo que aún conocemos como Incapacitación, Guarda de Hecho y Curatela

Entendemos por tutela la autoridad que en defecto de la paterna o materna, se confiere para cuidar de la persona y los bienes de aquel que, por minoría de edad o por otra causa, no tiene completa capacidad civil (Diccionario de la Real Academia Española).

Por tanto, la tutela es una figura jurídica que permite que una persona se haga responsable de otra, pero tiene su encuadre y limitaciones legales, todas ellas contempladas en el Código Civil.

Para las personas que trabajan en el ámbito de los servicios sociales y los servicios sanitarios, es importante conocer que, el hecho de que una persona tenga limitada su capacidad de obrar o esté incapacitada judicialmente, no implica que podamos obligarla a ingresar en una institución en contra de su voluntad. No. Para ingresar a una persona en contra de su voluntad en una institución es necesaria una autorización judicial de internamiento involuntario.

Veamos cómo está regulada la tutela, curatela y guarda de hecho en el Código Civil, tal como se expone literalmente a continuación.

Inmaculada Asensio Fernández.

Resultado de imagen de tutela judicial

Imagen tomada de: https://confilegal.com/

Código Civil: Libro I: Título X

CAPÍTULO II

De la tutela

SECCIÓN PRIMERA

De la tutela en general

Artículo 222

Estarán sujetos a tutela:

1. Los menores no emancipados que no estén bajo la patria potestad.

2. Los incapacitados, cuando la sentencia lo haya establecido.

3. Los sujetos a la patria potestad prorrogada, al cesar ésta, salvo que proceda la curatela.

4. Los menores que se hallen en situación de desamparo.

Artículo 223

Los padres podrán en testamento o documento público notarial nombrar tutor, establecer órganos de fiscalización de la tutela, así como designar las personas que hayan de integrarlos u ordenar cualquier disposición sobre la persona o bienes de sus hijos menores o incapacitados.

Asimismo, cualquier persona con la capacidad de obrar suficiente, en previsión de ser incapacitada judicialmente en el futuro, podrá en documento público notarial adoptar cualquier disposición relativa a su propia persona o bienes, incluida la designación de tutor.

Los documentos públicos a los que se refiere el presente artículo se comunicarán de oficio por el notario autorizante al Registro Civil, para su indicación en la inscripción de nacimiento del interesado.

En los procedimientos de incapacitación, el juez recabará certificación del Registro Civil y, en su caso, del registro de actos de última voluntad, a efectos de comprobar la existencia de las disposiciones a las que se refiere este artículo.

[Este artículo está redactado conforme al art. 9 de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad (BOE núm. 277, de 19-11-2003, pp. 40852-40863). Para ver la antigua redacción, haga clic aquí.]

Artículo 224

Las disposiciones aludidas en el artículo anterior vincularán al juez, al constituir la tutela, salvo que el beneficio del menor o incapacitado exija otra cosa, en cuyo caso lo hará mediante decisión motivada.

Artículo 225

Cuando existieren disposiciones en testamento o documento público notarial del padre y de la madre, se aplicarán unas y otras conjuntamente en cuanto fueran compatibles. De no serlo, se adoptarán por el Juez, en decisión motivada, las que considere más convenientes para el tutelado.

Artículo 226

Serán ineficaces las disposiciones hechas en testamento o documento público notarial sobre la tutela si, en el momento de adoptarlas, el disponente hubiese sido privado de la patria potestad.

Artículo 227

El que disponga de bienes a título gratuito en favor de un menor o incapacitado, podrá establecer las reglas de administración de los mismos y designar la persona o personas que hayan de ejercitarla. Las funciones no conferidas al administrador corresponden al tutor.

Artículo 228

Si el Ministerio Fiscal o el Juez competente tuvieren conocimiento de que existe en el territorio de su jurisdicción alguna persona que deba ser sometida a tutela, pedirá el primero y dispondrá el segundo, incluso de oficio, la constitución de la tutela.

Artículo 229

Estarán obligados a promover la constitución de la tutela, desde el momento en que conocieran el hecho que la motivare, los parientes llamados a ella y la persona bajo cuya guarda se encuentre el menor o incapacitado, y si no lo hicieren, serán responsables solidarios de la indemnización de los daños y perjuicios causados.

Artículo 230

Cualquier persona podrá poner en conocimiento del Ministerio Fiscal o de la autoridad judicial el hecho determinante de la tutela.

Artículo 231

El Juez constituirá la tutela previa audiencia de los parientes más próximos, de las personas que considere oportuno, y, en todo caso, del tutelado si tuviera suficiente juicio y siempre si fuera mayor de doce años.

Artículo 232

La tutela se ejercerá bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal, que actuará de oficio o a instancia de cualquier interesado.

En cualquier momento podrá exigir del tutor que le informe sobre la situación del menor o del incapacitado y del estado de la administración de la tutela.

Artículo 233

El Juez podrá establecer, en la resolución por la que se constituya la tutela o en otra posterior, las medidas de vigilancia y control que estime oportunas en beneficio del tutelado. Asimismo podrá en cualquier momento exigir del tutor que informe sobre la situación del menor o del incapacitado y del estado de la administración.

SECCIÓN SEGUNDA

De la delación de la tutela y del nombramiento del tutor

Artículo 234

Para el nombramiento de tutor se preferirá:

1.º Al designado por el propio tutelado, conforme al párrafo segundo del artículo 223.

2.º Al cónyuge que conviva con el tutelado.

3.º A los padres.

4.º A la persona o personas designadas por éstos en sus disposiciones de última voluntad.

5.º Al descendiente, ascendiente o hermano que designe el juez.

Excepcionalmente, el Juez, en resolución motivada, podrá alterar el orden del párrafo anterior o prescindir de todas las personas en él mencionadas, si el beneficio del menor o del incapacitado así lo exige.

Se considera beneficiosa para el menor la integración en la vida familiar del tutor.

[Este artículo está redactado conforme al art. 9 de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad (BOE núm. 277, de 19-11-2003, pp. 40852-40863). Para ver la antigua redacción, haga clic aquí.]

Artículo 235

En defecto de las personas mencionadas en el artículo anterior, el Juez designará tutor a quien, por sus relaciones con el tutelado y en beneficio de éste, considere más idóneo.

Artículo 236

La tutela se ejercerá por un solo tutor, salvo:

1. Cuando por concurrir circunstancias especiales en la persona del tutelado o de su patrimonio, convenga separar como cargos distintos el de tutor de la persona y el de los bienes, cada uno de los cuales actuará independientemente en el ámbito de su competencia, si bien las decisiones que conciernan a ambos deberán tomarlas conjuntamente.

2. Cuando la tutela corresponda al padre y a la madre, será ejercida por ambos conjuntamente de modo análogo a la patria potestad.

3. Si se designa a alguna persona tutor de los hijos de su hermano y se considera conveniente que el cónyuge del tutor ejerza también la tutela.

4. Cuando el Juez nombre tutores a las personas que los padres del tutelado hayan designado en testamento o documento público notarial para ejercer la tutela conjuntamente.

Artículo 237

En el caso del número 4. del artículo anterior, si el testador lo hubiere dispuesto de modo expreso, y en el caso del número 2., si los padres lo solicitaran, podrá el Juez, al efectuar el nombramiento de tutores, resolver que éstos puedan ejercitar las facultades de la tutela con carácter solidario.

De no mediar tal clase de nombramiento, en todos los demás casos, y sin perjuicio de lo dispuesto en los números 1. y 2. las facultades de la tutela encomendadas a varios tutores habrán de ser ejercitadas por éstos conjuntamente, pero valdrá lo que se haga con el acuerdo del mayor número. A falta de tal acuerdo, el Juez, después de oír a los tutores y al tutelado si tuviere suficiente juicio, resolverá sin ulterior recurso lo que estime conveniente. Para el caso de que los desacuerdos fueran reiterados y entorpeciesen gravemente el ejercicio de la tutela, podrá el Juez reorganizar su funcionamiento e incluso proveer de nuevo tutor.

Artículo 237bis

Si los tutores tuvieren sus facultades atribuidas conjuntamente y hubiere incompatibilidad u oposición de intereses en alguno de ellos para un acto o contrato, podrá éste ser realizado por el otro tutor, o, de ser varios, por los demás en forma conjunta.

Artículo 238

En los casos de que por cualquier causa cese alguno de los tutores, la tutela subsistirá con los restantes a no ser que al hacer el nombramiento se hubiera dispuesto otra cosa de modo expreso.

Artículo 239

La tutela de los menores desamparados corresponde por Ley a la entidad a que se refiere el artículo 172.

Se procederá, sin embargo, al nombramiento de tutor conforme a las reglas ordinarias, cuando existan personas que, por sus relaciones con el menor o por otras circunstancias, puedan asumir la tutela con beneficio para éste.

La entidad pública a la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la tutela de los incapaces cuando ninguna de las personas recogidas en el artículo 234 sea nombrado tutor, asumirá por ministerio de la ley la tutela del incapaz o cuando éste se encuentre en situación de desamparo. Se considera como situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes que le incumben de conformidad a las leyes, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material.

[El tercer párrafo ha sido añadido por el art. 9 de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad (BOE núm. 277, de 19-11-2003, pp. 40852-40863). Para ver la antigua redacción, haga clic aquí.]

Artículo 240

Si hubiere que designar tutor para varios hermanos, el juez procurará que el nombramiento recaiga en una misma persona.

Artículo 241

Podrán ser tutores todas las personas que se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y en quienes no concurra alguna de las causas de inhabilitación establecidas en los artículos siguientes.

Artículo 242

Podrán ser también tutores las personas jurídicas que no tengan finalidad lucrativa y entre cuyos fines figure la protección de menores e incapacitados.

Artículo 243

No pueden ser tutores:

1. Los que estuvieran privados o suspendidos en el ejercicio de la patria potestad o total o parcialmente de los derechos de guarda y educación por resolución judicial.

2. Los que hubieren sido legalmente removidos de una tutela anterior.

3. Los condenados a cualquier pena privativa de libertad, mientras están cumpliendo la condena.

4. Los condenados por cualquier delito que haga suponer fundadamente que no desempeñarán bien la tutela.

Artículo 244

Tampoco pueden ser tutores:

1. Las personas en quienes concurra imposibilidad absoluta de hecho.

2. Los que tuvieren enemistad manifiesta con el menor o incapacitado.

3. Las personas de mala conducta o que no tuvieren manera de vivir conocida.

4. Los que tuvieren importantes conflictos de intereses con el menor o incapacitado, mantengan con él pleito o actuaciones sobre el estado civil o sobre la titularidad de los bienes o los que le adeudaren sumas de consideración.

5. Los quebrados y concursados no rehabilitados, salvo que la tutela lo sea solamente de la persona.

Artículo 245

Tampoco pueden ser tutores los excluidos expresamente por el padre o por la madre en sus disposiciones en testamento o documento notarial, salvo que el Juez, en resolución motivada, estime otra cosa en beneficio del menor o del incapacitado.

Artículo 246

Las causas de inhabilidad contempladas en los artículos 243.4 y 244.4 no se aplicarán a los tutores designados en las disposiciones de última voluntad de los padres cuando fueron conocidas por éstos en el momento de hacer la designación, salvo que el Juez, en resolución motivada, disponga otra cosa en beneficio del menor o del incapacitado.

Artículo 247

Serán removidos de la tutela los que después de deferida incurran en causa legal de inhabilidad, o se conduzcan mal en el desempeño de la tutela, por incumplimiento de los deberes propios del cargo o por notoria ineptitud en su ejercicio.

Serán removidos de la tutela los que después de deferida incurran en causa legal de inhabilidad, o se conduzcan mal en el desempeño de la tutela por incumplimiento de los deberes propios del cargo o por notoria ineptitud de su ejercicio, o cuando surgieran problemas de convivencia graves y continuados.

Artículo 248

El Juez, de oficio o a solicitud del Ministerio Fiscal, del tutelado o de otra persona interesada decretará la remoción del tutor, previa audiencia de éste si, citado, compareciere. Asimismo, se dará audiencia al tutelado si tuviere suficiente juicio.

Artículo 249

Durante la tramitación del procedimiento de remoción, podrá el Juez suspender en sus funciones al tutor y nombrar al tutelado un defensor judicial.

Artículo 250

Declarada judicialmente la remoción, se procederá al nombramiento de nuevo tutor en la forma establecida en este Código.

Artículo 251

Será excusable el desempeño de la tutela cuando por razones de edad, enfermedad, ocupaciones personales o profesionales, por falta de vínculos de cualquier clase entre tutor y tutelado o por cualquier otra causa, resulte excesivamente gravoso el ejercicio del cargo.Las personas jurídicas podrán excusarse cuando carezcan de medios suficientes para el adecuado desempeño de la tutela.

Artículo 252

El interesado que alegue causa de excusa deberá hacerlo dentro del plazo de quince días a contar desde que tuviera conocimiento del nombramiento.

Artículo 253

El tutor podrá excusarse de continuar ejerciendo la tutela, siempre que hubiera persona de parecidas condiciones para sustituirle, cuando durante el desempeño de aquélla le sobrevenga cualquiera de los motivos de excusa contemplados en el artículo 251.

Artículo 254

Lo dispuesto en el artículo anterior no se aplicará a la tutela encomendada a las personas jurídicas.

Artículo 255

Si la causa de excusa fuera sobrevenida, podrá ser alegada en cualquier momento.

Artículo 256

Mientras se resuelva acerca de la excusa, el que la haya propuesto estará obligado a ejercer la función.

No haciéndolo así, el Juez nombrará un defensor que le sustituya, quedando el sustituido responsable de todos los gastos ocasionados por la excusa si ésta fuera rechazada.

Artículo 257

El tutor designado en testamento que se excuse de la tutela al tiempo de su delación perderá lo que, en consideración al nombramiento, le hubiere dejado el testador.

Artículo 258

Admitida la excusa se procederá al nombramiento de nuevo tutor.

SECCIÓN TERCERA

Del ejercicio de la tutela

Artículo 259

La Autoridad judicial dará posesión de su cargo al tutor nombrado.

Artículo 260

El Juez podrá exigir al tutor la constitución de fianza que asegure el cumplimiento de sus obligaciones y determinará la modalidad y cuantía de la misma.

No obstante la entidad pública que asuma la tutela de un menor por ministerio de la Ley o la desempeñe por resolución judicial no precisará prestar fianza.

Artículo 261

También podrá el Juez, en cualquier momento y con justa causa, dejar sin efecto o modificar en todo o en parte la garantía que se hubiese prestado.

Artículo 262

El tutor está obligado a hacer inventario de los bienes del tutelado dentro del plazo de sesenta días, a contar de aquel en que hubiese tomado posesión de su cargo.

Artículo 263

La Autoridad judicial podrá prorrogar este plazo en resolución motivada si concurriere causa para ello.

Artículo 264

El inventario se formará judicialmente con intervención del Ministerio Fiscal y con citación de las personas que el Juez estime conveniente.

Artículo 265

El dinero, alhajas, objetos preciosos y valores mobiliarios o documentos que, a juicio de la autoridad judicial, no deban quedar en poder del tutor serán depositados en un establecimiento destinado a este efecto.

Los gastos que las anteriores medidas ocasionen correrán a cargo de los bienes del tutelado.

Artículo 266

El tutor que no incluya en el inventario los créditos que tenga contra el tutelado, se entenderá que los renuncia.

Artículo 267

El tutor es el representante del menor o incapacitado salvo para aquellos actos que pueda realizar por sí solo, ya sea por disposición expresa de la Ley o de la sentencia de incapacitación.

Artículo 268

Los tutores ejercerán su cargo de acuerdo con la personalidad de sus pupilos, respetando su integridad física y psicológica.

[Este artículo ha sido modificado por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción internacional (BOE núm. 312, de 29-12-2007 pp. 53676-53686). Para ver la antigua redacción haz click aquí.]

Artículo 269

El tutor está obligado a velar por el tutelado y, en particular:

1. A procurarle alimentos.

2. A educar al menor y procurarle una formación integral.

3. A promover la adquisición o recuperación de la capacidad del tutelado y su mejor inserción en la sociedad.

4. A informar al Juez anualmente sobre la situación del menor o incapacitado y rendirle cuenta anual de su administración.

Artículo 270

El tutor único y, en su caso, el de los bienes es el administrador legal del patrimonio de los tutelados y está obligado a ejercer dicha administración con la diligencia de un buen padre de familia.

Artículo 271

El tutor necesita autorización judicial:

1. Para internar al tutelado en un establecimiento de salud mental o de educación o formación especial.

2. Para enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios de los menores o incapacitados, o celebrar contratos o realizar actos que tengan carácter dispositivo y sean susceptibles de inscripción. Se exceptúa la venta del derecho de suscripción preferente de acciones.

3. Para renunciar derechos, así como transigir o someter a arbitraje cuestiones en que el tutelado estuviese interesado.

4. Para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia, o para repudiar ésta o las liberalidades.

5. Para hacer gastos extraordinarios en los bienes.

6. Para entablar demanda en nombre de los sujetos a tutela, salvo en los asuntos urgentes o de escasa cuantía.

7. Para ceder bienes en arrendamiento por tiempo superior a seis años.

8. Para dar y tomar dinero a préstamo.

9. Para disponer a título gratuito de bienes o derechos del tutelado.

10. Para ceder a terceros los créditos que el tutelado tenga contra él, o adquirir a título oneroso los créditos de terceros contra el tutelado.

Artículo 272

No necesitarán autorización judicial la partición de herencia ni la división de cosa común realizadas por el tutor, pero una vez practicadas requerirán aprobación judicial.

Artículo 273

Antes de autorizar o aprobar cualquiera de los actos comprendidos en los dos artículos anteriores, el Juez oirá al Ministerio Fiscal y al tutelado, si fuese mayor de doce años o lo considera oportuno, y recabará los informes que le sean solicitados o estime pertinentes.

Artículo 274

El tutor tiene derecho a una retribución, siempre que el patrimonio del tutelado lo permita. Corresponde al Juez fijar su importe y el modo de percibirlo, para lo cual tendrá en cuenta el trabajo a realizar y el valor y la rentabilidad de los bienes, procurando en lo posible que la cuantía de la retribución no baje del 4 por ciento ni exceda del 20 por ciento del rendimiento líquido de los bienes.

Artículo 275

Sólo los padres, y en sus disposiciones de última voluntad, podrán establecer que el tutor haga suyos los frutos de los bienes del tutelado a cambio de prestarle los alimentos, salvo que el Juez, en resolución motivada, disponga otra cosa.

SECCIÓN CUARTA

De la extinción de la tutela y de la rendición final de cuentas

Artículo 276

La tutela se extingue:

1. Cuando el menor de edad cumple los dieciocho años, a menos que con anterioridad hubiera sido judicialmente incapacitado.

2. Por la adopción del tutelado menor de edad.

3. Por fallecimiento de la persona sometida a tutela.

4. Por la concesión al menor del beneficio de la mayor edad.

Artículo 277

También se extingue la tutela:

1. Cuando habiéndose originado por privación o suspensión de la patria potestad, el titular de ésta la recupere.

2. Al dictarse la resolución judicial que ponga fin a la incapacitación o que modifique la sentencia de incapacitación en virtud de la cual se sustituye la tutela por la curatela.

Artículo 278

Continuará el tutor en el ejercicio de su cargo si el menor sujeto a tutela hubiese sido incapacitado antes de la mayoría de edad, conforme a lo dispuesto en la sentencia de incapacitación.

Artículo 279

El tutor al cesar en sus funciones deberá rendir cuenta general justificada de su administración ante la autoridad judicial en el plazo de tres meses, prorrogables por el tiempo que fuere necesario si concurre justa causa.

La acción para exigir la rendición de esta cuenta prescribe a los cinco años, contados desde la terminación del plazo establecido para efectuarlo.

Artículo 280

Antes de resolver sobre la aprobación de la cuenta, el Juez oirá al nuevo tutor o, en su caso, al curador o al defensor judicial, y a la persona que hubiera estado sometida a tutela o a sus herederos.

Artículo 281

Los gastos necesarios de la rendición de cuentas, serán a cargo del que estuvo sometido a tutela.

Artículo 282

El saldo de la cuenta general devengara interés legal, a favor o en contra del tutor.

Artículo 283

Si el saldo es a favor del tutor, devengara interés legal desde que el que estuvo sometido a tutela sea requerido para el pago, previa entrega de sus bienes.

Artículo 284

Si es en contra del tutor, devengará interés legal desde la aprobación de la cuenta.

Artículo 285

La aprobación judicial no impedirá el ejercicio de las acciones que recíprocamente puedan asistir al tutor y al tutelado o a sus causahabientes por razón de la tutela.

CAPÍTULO III

De la curatela

SECCIÓN PRIMERA

Disposiciones generales

Artículo 286

Están sujetos a curatela:

1. Los emancipados cuyos padres fallecieren o quedaran impedidos para el ejercicio de la asistencia prevenida por la Ley.

2. Los que obtuvieren el beneficio de la mayor edad.

3. Los declarados pródigos.

Artículo 287

Igualmente procede la curatela para las personas a quienes la sentencia de incapacitación o, en su caso, la resolución judicial que la modifique coloquen bajo esta forma de protección en atención a su grado de discernimiento.

Artículo 288

En los casos del artículo 286, la curatela no tendrá otro objeto que la intervención del curador en los actos que los menores o pródigos no puedan realizar por sí solos.

Artículo 289

La curatela de los incapacitados tendrá por objeto la asistencia del curador para aquellos actos que expresamente imponga la sentencia que la haya establecido.

Artículo 290

Si la sentencia de incapacitación no hubiese especificado los actos en que deba ser necesaria la intervención del curador, se entenderá que esta se extiende a los mismos actos en que los tutores necesitan, según este Codigo, autorización judicial.

Artículo 291

Son aplicables a los curadores las normas sobre nombramiento, inhabilidad, excusa y remoción de los tutores.

No podrán ser curadores los quebrados y concursados no rehabilitados.

Artículo 292

Si el sometido a curatela hubiese estado con anterioridad bajo tutela, desempeñará el cargo de curador el mismo que hubiese sido su tutor, a menos que el Juez disponga otra cosa.

Artículo 293

Los actos jurídicos realizados sin la intervención del curador, cuando esta sea preceptiva, serán anulables a instancia del propio curador o de la persona sujeta a curatela, de acuerdo con los artículos 1301 y siguientes de este Código.

SECCIÓN SEGUNDA

De la curatela en casos de prodigalidad

Artículo 294

Podrán pedir la declaración de prodigalidad el cónyuge, los descendientes o ascendientes que perciban alimentos del presunto pródigo o se encuentren en situación de reclamárselos, y los representantes legales de cualquiera de ellos.

Si no la pidieren los representantes legales, lo hará el Ministerio Fiscal.

[Este artículo ha sido derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE núm. 7, de 8-1-2000), disposición derogatoria única, apartado 2.]

CAPÍTULO IV

Del defensor judicial

Artículo 295

La declaración de prodigalidad debe hacerse en juicio contradictorio.

[Este artículo ha sido derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE núm. 7, de 8-1-2000), disposición derogatoria única, apartado 2.]

Artículo 296

Cuando el demandado por prodigalidad no compareciere en el juicio, le representara el Ministerio Fiscal, y, si éste fuera parte, un defensor nombrado por el Juez, sin perjuicio de lo que determina la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre los procedimientos en rebeldía.

[Este artículo ha sido derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE núm. 7, de 8-1-2000), disposición derogatoria única, apartado 2.]

Artículo 297

Los actos del declarado pródigo anteriores a la demanda de prodigalidad no podrán ser atacados por esta causa.

Artículo 298

La sentencia determinara los actos que el pródigo no puede realizar sin el consentimiento del curador.

[Este artículo ha sido derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE núm. 7, de 8-1-2000), disposición derogatoria única, apartado 2.]

Artículo 299

Se nombrara un defensor judicial que represente y ampare los intereses de quienes se hallen en alguno de los siguientes supuestos:

1. Cuando en algún asunto exista conflicto de intereses entre los menores o incapacitados y sus representantes legales o el curador. En el caso de tutela conjunta ejercida por ambos padres, si el conflicto de intereses existiere sólo con uno de ellos, corresponderá al otro por ley, y sin necesidad de especial nombramiento, representar y amparar al menor o incapacitado.

2. En el supuesto de que, por cualquier causa, el tutor o el curador no desempeñare sus funciones, hasta que cese la causa determinante o se designe otra persona para desempeñar el cargo.

3. En todos los demás casos previstos en este Código.

Artículo 299 bis

Cuando se tenga conocimiento de que una persona debe ser sometida a tutela y en tanto no recaiga solución judicial que ponga fin al procedimiento, asumirá su representación y defensa el Ministerio Fiscal. En tal caso, cuando además del cuidado de la persona hubiera de procederse al de los bienes, el Juez podrá designar un administrador de los mismos, quien deberá rendirle cuentas de su gestión una vez concluida.

Artículo 300

El Juez, en procedimiento de jurisdicción voluntaria, de oficio o a petición del Ministerio Fiscal, del propio menor o de cualquier persona capaz de comparecer en juicio, nombrará defensor a quien estime más idóneo para el cargo.

Artículo 301

Serán aplicables al defensor judicial las causas de inhabilidad, excusas y remoción de los tutores y curadores.

Artículo 302

El defensor judicial tendrá las atribuciones que le haya concedido el Juez al que deberá rendir cuentas de su gestión una vez concluida.

CAPÍTULO V

De la guarda de hecho

Artículo 303

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 203 y 228, cuando la autoridad judicial tenga conocimiento de la existencia de un guardador de hecho podrá requerirle para que informe de la situación de la persona y los bienes del menor o del presunto incapaz y de su actuación en relación con los mismos, pudiendo establecer asimismo las medidas de control y vigilancia que considere oportunas.

Artículo 304

Los actos realizados por el guardador de hecho en interés del menor o presunto incapaz no podrán ser impugnados si redundan en su utilidad.

Artículo 305

[Este artículo ha sido derogado por la Ley 13/1983, de 24-10-1983, de reforma del Código Civil en materia de tutela (BOE núm. 0256, de 26-10-1983).]

Artículo 306

Será aplicable al guardador de hecho lo dispuesto en el artículo 220 respecto del tutor.

Artículo 307

[Este artículo ha sido derogado por la Ley 13/1983, de 24-10-1983, de reforma del Código Civil en materia de tutela (BOE núm. 0256, de 26-10-1983).]

Artículo 308

[Este artículo ha sido derogado por la Ley 13/1983, de 24-10-1983, de reforma del Código Civil en materia de tutela (BOE núm. 0256, de 26-10-1983).]

Artículo 309

[Este artículo ha sido derogado por la Ley 13/1983, de 24-10-1983, de reforma del Código Civil en materia de tutela (BOE núm. 0256, de 26-10-1983).]

Artículo 310

[Este artículo ha sido derogado por la Ley 13/1983, de 24-10-1983, de reforma del Código Civil en materia de tutela (BOE núm. 0256, de 26-10-1983).]

Artículo 311

[Este artículo ha sido derogado por la Ley 13/1983, de 24-10-1983, de reforma del Código Civil en materia de tutela (BOE núm. 0256, de 26-10-1983).]

Artículo 312

[Este artículo ha sido derogado por la Ley 13/1983, de 24-10-1983, de reforma del Código Civil en materia de tutela (BOE núm. 0256, de 26-10-1983).]

Artículo 313

[Este artículo ha sido derogado por la Ley 13/1983, de 24-10-1983, de reforma del Código Civil en materia de tutela (BOE núm. 0256, de 26-10-1983).]

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¿Se puede ingresar a una persona mayor en situación de dependencia en una residencia sin su consentimiento?

La autonomía es un valor que está muy cerca de lo que conocemos como felicidad, en el sentido que otorga a las personas la capacidad de realizar actos, peticiones, declaraciones y tomar decisiones sobre los asuntos que les interesan.

Llegar a la etapa de la vejez y encontrarse en una situación de dependencia no debería implicar que las personas que atraviesan ese momento evolutivo tengan que renunciar a su capacidad para tomar decisiones respecto a su proyecto de vida. Sin embargo, con frecuencia es la familia directa de estas personas la que se alza como portavoz de sus intereses y deseos, dejando a un lado el respeto a su autodeterminación.

Hay personas que consideran que pueden solicitar y autorizar el ingreso en residencia de un familiar directo, como por ejemplo de sus padres, y no comprenden que desde los servicios sociales les recuerden que sólo con el consentimiento expreso de la persona que va a ingresar se puede proceder al ingreso.

La Ley 6/1999, de 7 de julio, de atención y protección a las personas mayores aborda el tema de los ingresos en centros residenciales, y lo hace de la siguiente forma:

“Ninguna persona mayor podrá ser ingresada en un centro sin que conste fehacientemente su consentimiento. En los casos de incapacidad presunta o declarada en los que no sea posible tal consentimiento, se requerirá autorización judicial para el ingreso” (art. 45.1).

Y continúa esa Ley 6/1999 señalando que:

“Ninguna persona mayor podrá ser obligada contra su voluntad a permanecer en un centro residencial, salvo en los supuestos en que medie resolución judicial” (art. 45.3).

Luego bien, hay situaciones que están perfectamente recogidas en la legislación para personas que tienen limitada judicialmente su capacidad de obrar, o personas sobre las que se tenga conocimiento de la existencia de una posible causa de incapacitación, para lo cual se deberá poner en conocimiento del Ministerio Fiscal (art. 757 Ley Enjuiciamiento Civil).

También está previsto en la legislación el internamiento no voluntario de una persona en un centro residencial por razón de trastorno psíquico, partiendo del conocimiento de que no está en condiciones de decidirlo por sí misma en ese momento, pero requerirá autorización judicial previa al internamiento, “salvo que por razones de urgencia hicieren necesaria la inmediata adopción de la medida”, es decir, se la tuviera que ingresar -si o si- en un centro residencial sin tener aún la autorización. En este caso el responsable del centro residencial deberá dar cuenta del internamiento al tribunal competente lo antes posible (dentro del plazo de 24 horas), a los efectos de que se proceda a la preceptiva ratificación de dicha medida, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 72 horas desde que el internamiento llegue a conocimiento del tribunal (art. 763 Ley Enjuiciamiento Civil).

Parece que la Ley de Enjuiciamiento Civil lo deja claro, sin embargo, aún encontramos situaciones en el ámbito profesional en las que los familiares de una persona con grado de dependencia reconocido, solicitan plaza residencial para este familiar sin siquiera haberlo consultado con aquel o aquella.

Por mi parte, también sigo detectando en mi trabajo informes sociales que promueven el ingreso residencial para una persona mayor, sin haber recabado la opinión de la persona interesada sobre esta propuesta de ingreso en residencia. Estos informes se basan en las declaraciones expresadas por los hijos e hijas, y el o la profesional las recoge y expresa en su informe, solicitando residencia, por entender que la persona necesita cuidados residenciales y -si sus hijos no se los van a proporcionar en su entorno- deberá ingresar quiera o no quiera en una residencia. Esto no sería una buena praxis, y siempre son denegados desde la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía en la aplicación informática diseñada al efecto, NETGEFYS, informando que no se puede proceder a la validación de su propuesta (PIA), si la persona interesada no desea el ingreso, salvo en los casos de incapacitación o auto judicial de internamiento involuntario.

De hecho, según la citada La Ley 6/1999, de 7 de julio, de atención y protección a las personas, “los servicios de inspección velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en los apartados anteriores e, igualmente, podrán solicitar del interesado o interesada que ratifique la voluntariedad de su estancia en residencia, mediante entrevista personal mantenida sin la presencia de familiares ni de representantes del centro” (art. 45.4).

Si la persona no desea ingresar en una residencia y está en plena posesión de sus facultades, lo adecuado es iniciar un proyecto de intervención en el propio entorno, con la ayuda de recursos formales e informales; pero sobre todo haciendo partícipe a la persona de los riesgos que conlleva el mantenimiento en su domicilio, y de los recursos disponibles para hacer frente a su situación, para que pueda adoptar una decisión con fundamento y sobre la base del conocimiento; esto es, de la realidad “real”, y no de la realidad “percibida”…, a veces esas dos realidades no coinciden en los más mínimo.

Resumiendo, que la opinión de las personas es fundamental y no se puede suplir de ninguna de las maneras por persona no autorizada judicialmente, y este es un tema serio con el que no se puede jugar. Una institucionalización no consentida, y siendo la persona consciente, puede resultar enormemente lesiva y traumática. Es necesario promover, desde todas las instancias, la atención centrada en la persona…, siempre en la persona.

Inmaculada Asensio Fernández.

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¿Pueden ingresar en una misma residencia de mayores un padre o una madre y su hijo o hija?


La aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia de España, más conocida como «ley de dependencia» pasa por la adjudicación de una serie de recursos que faciliten el apoyo y la atención – a ser posible orientada a la autonomía- de las personas en situación de dependencia y de su familia.

De entre las modalidades de intervención en materia de dependencia encontramos la atención residencial, que viene recogida en el art. 25 de la citada Ley, y dice:

Artículo 25. Servicio de Atención residencial.

  1. El servicio de atención residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, servicios continuados de carácter personal y sanitario.

  2. Este servicio se prestará en los centros residenciales habilitados al efecto según el tipo de dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que precise la persona.

  3. La prestación de este servicio puede tener carácter permanente, cuando el centro residencial se convierta en la residencia habitual de la persona, o temporal, cuando se atiendan estancias temporales de convalecencia o durante vacaciones, fines de semana y enfermedades o periodos de descanso de los cuidadores no profesionales.

  4. El servicio de atención residencial será prestado por las Administraciones Públicas en centros propios y concertados.

Este recurso se utiliza en aquellos casos en los que una persona en situación de dependencia no puede ser atendida en su entorno de manera adecuada, bien por falta de red de apoyo familiar, por ineficacia en los cuidados, o por necesitar cuidados de carácter muy asistencial, que por lo general se prestan muy bien en una residencia, pues disponen de los medios técnicos y humanos necesarios.

Acceso a un mismo centro residencial de familiares.

La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía permitía -hace años- el ingreso de personas mayores con alguno o alguna de sus hijos o hijas, estando debidamente motivado este ingreso conjunto en el informe social de referencia al Programa Individual de Atención; e incluso se permitía el ingreso de dos cónyuges juntos en residencia, aunque sólo uno de ellos tuviera reconocida la situación de dependencia, al objeto de no romper los lazos afectivos y de convivencia.

Esto se permitía en virtud de la siguiente disposición adicional primera recogida en el Decreto 388/2010, de 19 de octubre, por el que se regula el régimen de acceso y traslado de personas en situación de dependencia a plazas de centros residenciales y centros de día y de noche:

Disposición adicional primera. Acceso a un mismo centro residencial de familiares.

1. Con el fin de mantener los vínculos afectivos y de convivencia existentes se posibilitará el ingreso, simultáneo o sucesivo, en un mismo centro residencial de personas en situación de dependencia que, teniendo prescrito en el Programa Individual de Atención el servicio de atención residencial, así lo soliciten y sean cónyuges o pareja de hecho, o familiares entre los que exista relación de parentesco por consanguinidad hasta el segundo grado, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que exista plaza vacante en el mismo centro.

b) Que las modalidades específicas de intervención previstas en el Programa Individual de Atención en razón de su situación lo hagan posible.

c) Que se prevea favorablemente dicha posibilidad en el Programa Individual de Atención en atención a las circunstancias concurrentes.

2. Asimismo, se procurará el ingreso simultáneo o sucesivo en un mismo centro residencial de personas mayores entre las que exista alguna de las relaciones previstas en el apartado anterior y con el mismo fin de mantener los vínculos afectivos y de convivencia existentes, cuando sólo una de ellas haya sido reconocida en situación de dependencia y se le haya prescrito en el Programa Individual de Atención el ingreso en centro residencial, siempre que así lo soliciten y concurran los siguientes requisitos:

a) Que existan plazas vacantes en un mismo centro residencial que por su tipología permita el ingreso de personas reconocidas en situación de dependencia y personas que no lo sean.

b) Que se prevea favorablemente dicha posibilidad en el Programa Individual de Atención de la persona en situación de dependencia en razón a las circunstancias concurrentes. A estos efectos, en la propuesta deberá constar informe sobre la necesidad de mantener los vínculos afectivos y de convivencia.

3. El cónyuge, pareja de hecho o familiar que no se encuentre en situación de dependencia y acceda a una plaza en centro residencial, de conformidad con lo previsto en el apartado 2 de la presente disposición, participará en el coste de dicha plaza con el noventa por ciento de su capacidad económica, determinada en la forma prevista para las personas en situación de dependencia, salvo que tal porcentaje supere el coste de la plaza, en cuyo caso el importe de la participación será dicho coste. No obstante, se garantizará una cantidad mínima para gastos personales que no podrá ser inferior al 20% del IPREM.

En 2012 llegan los recortes en materia de dependencia, lo que bloquea el acceso a residencia de personas sin situación de dependencia reconocida, independientemente de los lazos de afecto y de convivencia.

Sin embargo, aproximadamente a partir de julio de 2012, coincidiendo con la aplicación de medidas de recorte presupuestario también en materia de servicios sociales y dependencia, se dejó de contemplar este tipo de ingresos padre/madre – hijo/hija, y entre cónyuges. A partir de esa fecha se pasó a resolver residencia sólo para las personas en situación de dependencia, siguiendo los criterios de prioridad que establece la Ley de Dependencia:

Artículo 14. Prestaciones de atención a la dependencia.

6. La prioridad en el acceso a los servicios vendrá determinada por el grado de dependencia y, a igual grado, por la capacidad económica del solicitante. Hasta que la red de servicios esté totalmente implantada, las personas en situación de dependencia que no puedan acceder a los servicios por aplicación del régimen de prioridad señalado, tendrán derecho a la prestación económica vinculada al servicio prevista en el artículo 17 de esta ley.

Por tanto, la precariedad económica ha modelado las posibilidades o esquemas de intervención profesional, ya que aunque sea muy necesario ingresar a una persona con sus familiares, prima en primer lugar el grado del acompañante (cuanto más grado más posibilidades), y lógicamente la situación económica. En principio estos requisitos favorecen un reparto de los recursos basado en la justicia social: ingresa antes quién más lo necesita.

Pero hay situaciones de personas, por ejemplo con grado II por discapacidad psíquica, física o intelectual, que no se sienten preparados emocionalmente para romper lazos de convivencia con su madre o su padre, y no pueden ingresar con ellos precisamente porque no tienen la edad mínima aconsejada para ingresar en residencia de mayores (65 años), y porque no presentan un grado III de dependencia.

Este tema da para mucho debate. Comparte si quieres tu opinión al respecto más abajo.

Inmaculada Asensio Fernández.

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