La tarde que me llegó la noticia de la muerte de Maricarmen, acaecida en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, sentí una gran sensación de abatimiento y también de indignación. Las personas que me conocen saben que me dedico profesionalmente al Trabajo Social y he acompañado a personas que se encontraban en situación de perder su casa, o directamente sin casa, y sé perfectamente la repercusión que una situación de este calado puede tener en la salud psíquica y física (pues las somatizaciones están científicamente documentadas, no son relatos de crónica rosa). De modo que una situación de estrés importante puede tener consecuencias gravísimas para la salud, pero claro, esto no se entiende sin introducir en la ecuación un indicador que puede favorecerlas, y se llama vulnerabilidad.

Y no hablo de vulnerabilidad de oídas. En 2017 participé como autora en el trabajo Mapa de conceptos de la vulnerabilidad en el espacio de la biosocioética, presentado en el I Congreso Internacional de Bioética en Ciencias de la Salud, celebrado en Sevilla. En aquella publicación analizábamos precisamente cómo la vulnerabilidad surge de la confluencia de diferentes circunstancias personales, sociales y sanitarias, y cómo estas pueden comprometer seriamente la autonomía, el bienestar y la calidad de vida de las personas. Identificábamos, entre otras dimensiones, la edad avanzada, la discapacidad y la exclusión social, y planteábamos la necesidad de abordar estas situaciones desde una perspectiva integral, que tuviera en cuenta tanto los determinantes sociales de la salud como las necesidades de protección de las personas.

Por eso me resulta tan difícil comprender que, en el caso de Maricarmen, se haya utilizado su avanzada edad para explicar su fallecimiento, cuando precisamente esa edad, unida a sus circunstancias personales y de salud, debería haber sido un indicador fundamental para anticipar los riesgos de aquella situación y adoptar medidas de protección, pero a tiempo.

Para quienes ejercemos como trabajadoras sociales, la vulnerabilidad es también un indicador fundamental para prever lo que puede suceder si no se toman determinadas medidas ante una situación problemática que afecta a una persona o familia. Nos permite formular hipótesis sobre los posibles riesgos (prospección), fundamentar un diagnóstico social y orientar las intervenciones necesarias para prevenir daños. No se trata de adivinar el futuro como si fuéramos pitonisas, sino de reconocer las circunstancias que pueden agravar una situación y actuar antes de que sus consecuencias sean irreversibles, como ha sucedido en este caso.

No, no podemos despachar la muerte de Maricarmen diciendo simplemente que ha muerto de muerte natural, como he escuchado todos estos días. Eso es correr un tupido velo para evitar el análisis que necesariamente nos llevaría a buscar culpables responsables de todo lo sucedido, despojando a la señora Maricarmen de todo rastro de humanidad y de vejez.

Cosificarla para que las personas solo la vean como una jeta, quejica, vaga, jugadora de bingo, mala vecina y vete tú a saber qué más, pues se han dicho verdaderas barbaridades en diferentes medios televisivos y redes sociales. Me da vergüenza, como profesional y como persona.

Pero ¿qué significa realmente cosificar a una persona? La filósofa Martha Nussbaum, en su trabajo Objectification (1995), explica la cosificación como una forma de tratar al ser humano como si fuera una cosa, ignorando o dejando en un segundo plano aspectos fundamentales de su condición humana, entre ellos su autonomía, su capacidad para decidir o su propia subjetividad, es decir, aquello que siente, piensa y experimenta.

Y esto es precisamente lo que, a mi juicio, ha sucedido con Maricarmen, porque se ha hablado tanto de sus supuestos defectos, de su vida privada, de sus costumbres y hasta de si merecía o no permanecer en su vivienda, que poco a poco hemos ido perdiendo de vista a la persona que había detrás de todo aquello, una mujer de 87 años, con una historia, una vida recorrida y una situación de especial vulnerabilidad.

En el imaginario colectivo una ancianita de 87 puede ser tu dulce abuelita (¡Y que nadie la toque!), pero no se puede llamar Maricarmen, al menos no puede ser esa dulce ancianita esta Maricarmen que acaba de morir.

Pero una cosa es la cosificación, y la otra, mucho más preocupante, la demonización, y esta si nos ayuda más a entender lo que ha sucedido. El sociólogo Stanley Cohen, en su obra Folk Devils and Moral Panics (1972), analizó cómo determinados discursos sociales y mediáticos pueden terminar convirtiendo a personas o grupos en lo que él denominó «demonios populares», construyendo alrededor de ellos una imagen estereotipada y profundamente negativa que los presenta como una amenaza o como responsables de determinados problemas sociales.

Cuando esto sucede, la persona real va desapareciendo detrás del personaje que se ha construido sobre ella y llega un momento en que resulta mucho más fácil juzgarla, despreciarla o responsabilizarla de lo que le ocurre que intentar comprender su situación.

Y aquí está, para mí, una de las cuestiones más graves de todo lo sucedido con esta señora, porque cuando conseguimos que una mujer anciana deje de parecernos una persona vulnerable y pase a ser vista únicamente como una aprovechada, una vaga, una mala vecina o alguien que se ha buscado aquello problemático que le ocurre, vamos debilitando también esas, digamos, barreras morales que normalmente nos impedirían contemplar su sufrimiento con indiferencia. Dejamos entonces de ver a una mujer de 87 años que está perdiendo su casa y comenzamos a ver a alguien que, supuestamente, merece lo que le está pasando, y ese desplazamiento de la mirada no es una cuestión menor porque modifica profundamente la forma en que somos capaces de situarnos ante el sufrimiento de otra persona.

Cuando una sociedad termina convenciéndose de que determinadas personas merecen sufrir, el problema que tenemos delante es bastante más grave que un desahucio.

Para mí, la muerte de Maricarmen no puede entenderse al margen de una situación de estrés agudo e insoportable que pudo contribuir a su deterioro, dado que era una persona frágil y vulnerable, y la vimos apagarse desde que se ejecutó el desahucio, y durante los días de hospitalización. Aunque, gracias a la demonización que se ha hecho de ella, las personas ya no veían ni su vejez, solo su supuesto intento de aprovecharse de una empresa inmobiliaria a la que se le ha ido aplicando la expresión «fondo buitre».

Y que nadie piense que lo de «fondo buitre» es una consigna política inventada recientemente, porque hay una socióloga llamada Saskia Sassen que ya explicaba en su artículo publicado en Foreign Policy (2014) que la expresión inglesa «vulture funds» había surgido en el propio entorno financiero de Wall Street para referirse a fondos que compraban deuda de empresas o países en dificultades a precios muy reducidos, con la intención de obtener después grandes beneficios (de ahí lo de buitres).

Pero, más allá de las definiciones, hay cosas que son difíciles de comprender desde un punto de vista humano. Porque, con el corazón en la mano, ¿cómo podemos considerar razonable que a una mujer de 87 años se le proponga pagar un alquiler que supera su propia pensión para poder seguir viviendo en la casa donde ha pasado tantas décadas de su vida? ¿Qué se supone que tenía que hacer Maricarmen? ¿De dónde iba a sacar el dinero? Es que estamos hablando de una anciana, no de alguien que pueda ponerse a buscar un trabajo especialmente cualificado para aumentar sus ingresos. No olvidemos que detrás de todas esas operaciones económicas hay personas, y parece que a veces nos olvidamos de algo tan elemental como eso.

Yo no tengo ninguna duda de que lo que vivió tuvo que producirle un sufrimiento sin límites, y claro, entre todos la mataron y ella sola se murió, reza el refranero popular.

Pero no solo ha sido la empresa propietaria de la vivienda, sino que han sido responsables políticos, escritoras y personas de a pie quienes han contribuido a destrozar su imagen para que no veamos a una anciana de 87 años, que es lo que era, entre otras muchas cosas, pues ante todo era una persona y con una historia (como todos). Despojarla de sus características de fragilidad permite que pueda ser apaleada públicamente. Se siente menos compasión hacia alguien a quien se desprecia.

Y aquí vuelvo a Martha Nussbaum, esta vez a su teoría de la compasión, porque existe una relación muy estrecha entre la cosificación y demonización de una persona y la pérdida de compasión hacia ella. Para Nussbaum, la compasión no consiste simplemente en sentir lástima, sino que implica reconocer la gravedad del sufrimiento ajeno, valorar si ese sufrimiento es merecido o no y considerar que el bienestar de la otra persona también nos importa.

Y aquí está precisamente el problema de la muerte natural de Maricarmen:

Si conseguimos que una persona deje de parecernos vulnerable y pase a parecernos culpable de todo lo que le ocurre, estamos facilitando que los demás dejen de sentir compasión hacia ella. Si Maricarmen ya no es una anciana enferma de 87 años, sino una aprovechada, una vaga o una mala vecina, su sufrimiento deja de percibirse de la misma manera. Ya no vemos a una persona que necesita protección, sino a alguien que, supuestamente, se ha buscado lo que le está pasando (aunque esté más cerca de la muerte que de la vida). Y eso es muy peligroso, porque permite justificar acciones deliberadas de una crueldad extraordinaria, sin que apenas sintamos incomodidad emocional, ni los que las hacen, ni los que tienen conocimiento de ellas.

Ya lo decía Edgar Morin, vivimos en un mundo complejo (…), o la cosa está fea, como dice mi madre cuando algo le preocupa y se siente impotente ante la situación. Nos hemos acostumbrado a la frialdad de lo inhumano y estamos perdiendo el gusto por relacionarnos, el respeto por la buena educación, por los valores y hasta la vergüenza.

Porque sí, ahora que Maricarmen ya no está con nosotros, reflexionemos sobre la crueldad con la que se la ha tratado. Me viene a la cabeza el programa de Inmer Tliménez, donde, a mi juicio, se la ha arrastrado por el fango. Para mí, ha sido uno de los peores casos de bullying mediático que he visto en toda mi vida. Un grupo de personas ridiculizándola públicamente, atacando su historia personal y social, como si no estuviéramos hablando de una señora de 87 años.

Y luego me viene a la cabeza la especial crueldad que, a mi juicio, ha demostrado la escritora Plumía Echecattría, que la ha tratado peor que a una asesino en serie, despojándola por completo de su humanidad. Como si aquella mujer no tuviera una vida detrás, una historia, una edad y unas circunstancias que merecían, como mínimo, un poco de respeto y de compasión.

¡Quién esté libre de pecado, que tire la primera piedra!

Han sido 14 días de escarnio público prácticamente ininterrumpido hasta su muerte «natural»…, pero claro, se supone que nada de eso pudo afectarla. O eso es lo que algunos parecen querer hacernos creer, como si no estuviéramos gobernados por la razón y por la inteligencia-

¿Qué clase de sociedad estamos construyendo?

Quizá dentro de un tiempo seamos capaces de ver y tolerar cosas aún peores delante de nuestras narices. Agresiones, peleas, descalificaciones… Y callaremos para evitar ser los siguientes, para justificarnos por no hacer nada, o para transformar nuestras naturalezas en agresoras, también para evitar ser los siguientes (no hay mejor defensa que un ataque).

“La han utilizado”, me decía una señora hace días, cuando fui a realizar una visita a domicilio a su madre (tan anciana como Carmela. Me dijo: “Maricarmen está siendo utilizada políticamente”. Pero mire usted, esa lectura se queda bastante corta, pensé yo, ya que usted tiene casa, su madre dependiente está muy bien atendida, no le falta de nada, pero Maricarmen no. ¿Cómo puede alguien hablar de una persona de este modo sin ponerse en su lugar ni cinco minutos? No salgo de mi asombro. Pero es que no la miraba a ella con la misma compasión y cariño que a su propia madre, con la que se desvivía.

Para mí, la cuestión va mucho más allá de una utilización política, evidencia un problema que hay que mirar de frente, y es que hay muchas personas que están hartas de ver que no pueden pagar una vivienda, que no hay tope, que se ha convertido en un artículo de absoluto lujo, excepto para quienes tienen una posición socioeconómica holgada. Ya está bien de demonizar a las personas que quieren tener una casa y no la pueden pagar, y se rebelan. Todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Nadie debería vivir en la calle, ni mucho menos una persona de 87 años, que pasó de su casa a vivir en un hospital, mientras se decidía qué se hacía con ella.

¿Por qué una decisión puede ser legal, como el desahucio de Maricarmen, ejecutado tras un largo procedimiento judicial, y a la vez tremendamente injusta desde un punto de vista moral?

Pues porque las sociedades están dotadas de unos principios morales mínimos para asegurar la estabilidad, la armonía y el orden. Entre estos mínimos morales se encuentra el de proteger especialmente a las personas de la tercera edad, nuestra Constitución lo establece expresamente en su artículo 50, señalando que los poderes públicos deben garantizar la suficiencia económica de las personas mayores y promover su bienestar mediante servicios sociales que atiendan sus necesidades específicas de salud, vivienda, cultura y ocio.

Es decir, nuestra propia Constitución reconoce que las personas mayores merecen una protección especial. No se trata únicamente de respeto, sino de garantizar unas condiciones de vida dignas, teniendo en cuenta sus necesidades y su vulnerabilidad.

Son más vulnerables a muchos niveles y, desde el punto de vista antropológico, la vejez y la muerte forman parte de nuestra condición humana, y esto nos lo recuerda Bonete en su libro de Ética de la Dependencia (lo referencio al final del texto), os recomiendo su lectura. Todos, si tenemos la suerte de vivir suficientes años, llegaremos a la vejez, y nada más que esto debería llevarnos a reconocer un deber moral irrenunciable que tendríamos que respetar, con uñas y dientes si hace falta.

Por esto, vamos a ver por qué considero que no ha sido ética la decisión de desahuciar a Maricarmen, aunque estuviera respaldada por una sentencia judicial.

Porque una cosa es que una decisión sea legal, que se ajuste a las normas y que exista una sentencia que permita ejecutarla, y otra muy distinta es que esa decisión sea justa desde el punto de vista ético. La legalidad y la ética no siempre van de la mano, y precisamente por eso debemos preguntarnos si una decisión, aun siendo legal, puede resultar profundamente injusta por las consecuencias que tiene sobre las personas.

Y aquí es donde entra en juego la vulnerabilidad.

Las primeras preguntas morales, serían: ¿Se valoraron suficientemente los riesgos? ¿Se contemplaron alternativas que pudieran evitarle aquel sufrimiento? ¿Era proporcionado el daño que podía ocasionarle la ejecución del desahucio? ¿Tan urgente era ejecutar el desahucio de una persona de 87 años?

Para intentar responder a estas preguntas, voy a recurrir a los cuatro principios fundamentales de la bioética: autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia. Porque, aunque una decisión pueda estar jurídicamente respaldada, eso no nos exime de analizarla desde el punto de vista moral, especialmente cuando afecta a personas en una situación de vulnerabilidad.

Estos principios tienen su antecedente en el Informe Belmont, publicado en 1979 como respuesta a los graves abusos cometidos en investigaciones con seres humanos, entre ellos el conocido experimento de Tuskegee, en el que se mantuvo durante décadas a hombres afroamericanos con sífilis sin proporcionarles el tratamiento adecuado, incluso cuando ya estaba disponible. El informe estableció tres principios fundamentales: respeto por las personas, beneficencia y justicia. Posteriormente, Beauchamp y Childress desarrollaron el modelo de los cuatro principios de la bioética que conocemos actualmente.

Además, Diego Gracia propuso una jerarquización de estos principios en dos niveles: la justicia y la no maleficencia forman parte de la llamada ética de mínimos, mientras que la autonomía y la beneficencia pertenecen a la ética de máximos. Esta distinción es importante, porque nos recuerda que hay unos mínimos morales que debemos respetar, independientemente de nuestras preferencias personales o de los intereses que puedan entrar en conflicto.

Vamos a ver cómo se aplican estos principios al caso de Maricarmen.

Autonomía

Este principio es muy importante, porque una persona con una esperanza de vida limitada, en este caso por su avanzada edad, debería ser especialmente respetada en sus decisiones sobre su lugar de residencia, sobre dónde quiere vivir.

Si no existe una limitación cognitiva que afecte a su capacidad para tomar decisiones, desarraigarla en contra de su voluntad puede causarle un daño importante. Y aunque existieran limitaciones cognitivas, eso no significaría que sus preferencias y deseos pudieran ignorarse.

Maricarmen llevaba décadas viviendo en su casa. Era su entorno, su lugar seguro, sus referencias, sus recuerdos y su historia. ¿De verdad podemos considerar que su voluntad de permanecer allí era una cuestión menor? ¿Hasta qué punto se tuvo en cuenta lo que significaba para ella abandonar su hogar a los 87 años?

La autonomía no implica que podamos decidir sobre cualquier cosa sin límites, porque nuestros derechos también conviven con los derechos de otras personas. Pero sí exige que nuestra voluntad sea escuchada y tenida en cuenta, especialmente cuando una decisión puede alterar de forma tan importante nuestra vida.

Beneficencia

Es lo que conocemos como promover el bienestar de las personas.

En las leyes de servicios sociales de las comunidades autónomas se suele recoger la importancia de intervenir en el entorno natural de vida de la persona. La Ley 9/2016, de Servicios Sociales de Andalucía, por ejemplo, establece en su artículo 25, dentro del principio de normalización, que la atención debe realizarse en el entorno habitual, preferentemente en el domicilio, y que, cuando esto no sea posible, deben buscarse alternativas residenciales adecuadas que favorezcan la integración en su entorno.

Y esto no es casualidad, sabemos que abandonar el propio hogar, especialmente cuando se hace de manera involuntaria, puede suponer un desarraigo importante y muy doloroso. La persona pierde sus referencias, su lugar seguro, su hogar…, y a determinadas edades, con problemas de salud y situaciones de dependencia, ese cambio puede tener consecuencias especialmente graves.

Por tanto, desde el principio de beneficencia, cualquier decisión que afecte a una persona tan vulnerable debería orientarse a promover su bienestar y a buscar alternativas que reduzcan al máximo ese sufrimiento.

En el caso de Maricarmen, me pregunto dónde quedó ese principio. Porque, sinceramente, me cuesta encontrar qué beneficio podía obtener una mujer de 87 años al ser expulsada de la casa donde había vivido durante tantas décadas.

Justicia

El principio de justicia social nos recuerda que todas las personas tienen derecho a acceder a los bienes y servicios que les corresponden, sin que pueda mediar discriminación hacia ellas.

Pero la justicia no consiste únicamente en aplicar la misma norma a todo el mundo sin tener en cuenta sus circunstancias. La justicia también exige equidad, es decir, reconocer que las personas parten de situaciones diferentes y que algunas necesitan una protección especial para poder ejercer sus derechos en condiciones de igualdad.

No podemos valorar de la misma manera las consecuencias de un desahucio para una persona joven, sana, con recursos económicos y una red familiar sólida, que para una mujer de 87 años, dependiente, con problemas de salud y una capacidad para adaptarse a los cambios (y más de este tipo) de manera más complicada -irreversible en este caso.

Y no porque unas personas tengan más derechos que otras, sino porque las consecuencias de una misma decisión pueden ser radicalmente diferentes según las circunstancias de quien las sufre.

Desde este principio, la pregunta que debemos hacernos es si se tuvieron suficientemente en cuenta las necesidades de Maricarmen, su vulnerabilidad y las posibilidades reales de acceder a una alternativa habitacional digna a su edad y con discapacidad.

Y aquí está una de las grandes contradicciones de este caso, y es que el derecho de una empresa a recuperar una vivienda haya terminado imponiéndose, en la práctica, sobre la necesidad de protección de una persona especialmente vulnerable, sin que se garantizara previamente una solución habitacional efectiva y pactada con ella. Quizá era necesario un poco más de tiempo, ¿qué esperanza de vida tiene una mujer de 87 años en España?

No estoy diciendo que una empresa no tenga derechos, ni que una sentencia judicial pueda ignorarse porque no nos guste lo que dice. Lo que estoy diciendo es que también existen obligaciones de protección hacia las personas vulnerables, y que no podemos olvidarnos de ellas cuando entran en juego otros intereses. Porque la justicia también debe preguntarse qué consecuencias tiene esa resolución para las personas y qué mecanismos de protección deben ponerse en marcha para evitar daños desproporcionados. Lo dijo hasta la ONU: “La jueza lo debería haber suspendido” El relator Koldo Casla critica que se ejecutara el desalojo pese a las medidas cautelares y reclama una alternativa habitacional para la mujer de 87 años» (El País).

No maleficencia

Este es uno de los principios más importantes y, para mí, uno de los que más interrogantes plantea en el caso de Maricarmen.

La no maleficencia, que en la jerarquización de Diego Gracia forma parte de la ética de mínimos, nos recuerda que tenemos la obligación moral de no causar daños injustificados a otras personas, especialmente cuando esos daños pueden preverse.

Y es que no hay nada más lesivo que tomar una decisión sabiendo que puede generar un daño importante (en este caso, irreversible), sobre todo cuando hablamos de una persona frágil y vulnerable.

En el caso de Maricarmen, el riesgo de daño era perfectamente previsible. Estamos hablando de una señora de 87 años, con problemas de salud, que iba a ser arrancada del lugar donde había vivido durante décadas. ¿De verdad nadie pudo anticipar que aquella decisión podía tener consecuencias gravísimas para su bienestar físico y emocional?

No hace falta tener una bola negra de cristal, ya existen los diagnósticos sociales, las valoraciones profesionales y los indicadores de vulnerabilidad. Precisamente para anticipar riesgos y evitar que determinadas situaciones terminen produciendo daños que después ya no tienen solución.

Y aquí volvemos al principio de este relato, a esa expresión que tanto me ha indignado durante estos días, la muerte «natural» de Maricarmen. Porque aquel desahucio, con todos los riesgos que podía implicar para una persona de su edad y circunstancias, ha quedado unido para siempre al desenlace de una muerte «natural» que yo no puedo contemplar sin preguntarme si llegó antes de tiempo.

No tengo acceso a su historia clínica ni puedo establecer la causa médica de su fallecimiento. Pero sí puedo cuestionar, desde mi experiencia profesional, que se pretenda separar de manera tan tajante su deterioro de todo lo que tuvo que vivir.

Pero, claro, como la señora era vieja, pues es natural. Y con esto parece que todo queda explicado, chinpún.

Este es mi análisis por hoy, un poco más largo de lo que esperaba, pero es que sí, estoy triste, un poco enfadada por lo que le ha sucedido a Maricarmen, y porque las personas que se han lanzado a las plazas a defenderla y a mantener viva su memoria están sufriendo también un escarnio público que no me parece ético ni adecuado. Están renunciando a su propia comodidad para mostrar un “hasta aquí, no podemos más, haced algo para que podamos acceder a una vivienda”. Las luchas sociales no consiguen resultados en conversaciones tomando café, sino incomodando, molestando, y es que la única manera de mostrar un descontento.

Todo esto debería ser una oportunidad para reflexionar sobre los cambios que son necesarios en unas estructuras profundamente injustas que están generando mucha exclusión social y malestar. Porque, al final, de eso estamos hablando. De cómo tratamos a las personas cuando más necesitan que las protejamos. Y de qué clase de sociedad estamos construyendo cuando dejamos de hacerlo.

Inmaculada Asensio Fernández.

Referencias bibliográficas

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Cohen, S. (1972). Folk Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers. MacGibbon & Kee. Consultar edición posterior de Routledge.

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Fuente histórica complementaria

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